El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Dirección del Trab…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo deducido contra la Dirección del Trabajo, que había denegado el acceso a antecedentes de la Resolución Exenta N° 686 invocando la reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, por la existencia de un juicio pendiente en que el órgano es parte. El Consejo sostuvo que esa causal debe interpretarse de manera estricta y que la sola pendencia de un litigio no vuelve secretos los documentos relacionados, exigiéndose una relación directa entre la información pedida y el juicio, además de una afectación al debido funcionamiento del órgano, lo que no se configuró. En consecuencia, ordenó entregar la información dentro del plazo de días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de multa de 20% a 50% de la remuneración y, en caso de persistencia, duplicación de la sanción y suspensión en el cargo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, aunque el órgano requerido no puede interponerlo cuando la denegación se fundó en esa causal.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoTrabajo
Preguntas frecuentes
¿Basta con que exista un juicio pendiente para denegar el acceso a documentos de un órgano de la Administración del Estado según la Ley de Transparencia?
No. En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la causal del artículo 21 N° 1 letra a) debe interpretarse de manera estricta, de modo que la sola pendencia de un litigio no vuelve secretos los documentos relacionados. Exigió una relación directa entre la información pedida y el juicio, y una afectación al debido funcionamiento del órgano, lo que no se configuró.
¿Qué sanciones enfrenta un órgano público que no entrega información ordenada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información dentro de los días hábiles siguientes a que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de multa de 20% a 50% de la remuneración. Si persiste el incumplimiento, la sanción se duplica y procede la suspensión en el cargo.
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