El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Dirección del Tr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Dirección del Trabajo por la negativa a entregar copia de correos electrónicos de funcionarios y sus documentos adjuntos, vinculados a una resolución administrativa interna. El Consejo sostuvo que estos correos son información pública cuando constituyen fundamentos de un acto administrativo, criterio que citó de precedentes propios, de una sentencia de la Corte Suprema y de sentencias del Tribunal Constitucional. Desestimó la alegación de afectación de derechos de terceros titulares de las casillas. Además, representó a la Dirección del Trabajo no haber comunicado la solicitud a los terceros conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia y no haber entregado los datos de contacto de dichos titulares. Se ordenó el cumplimiento de la decisión y se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoTrabajo
Preguntas frecuentes
¿Son públicos los correos electrónicos de funcionarios públicos que sirven de fundamento a un acto administrativo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que estos correos son información pública cuando constituyen fundamentos de un acto administrativo, y acogió el amparo contra la Dirección del Trabajo que se negó a entregarlos.
¿El derecho de terceros a oponerse a la entrega de sus correos institucionales impide su divulgación?
En este caso, el Consejo desestimó la alegación de afectación de derechos de terceros titulares de las casillas de correo, por lo que no impidió la entrega de la información solicitada.
¿Qué ocurre si un organismo no comunica la solicitud de acceso a terceros afectados según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo representó a la Dirección del Trabajo no haber comunicado la solicitud a los terceros conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, y ordenó el cumplimiento de la decisión, indicando que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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