Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución N° 512, de 2011, del Instituto de Previsión Social, que declaró vacante por salud irrecuperable el cargo de un funcionario. El organismo concluyó que la declaración no podía producir sus efectos, porque el dictamen de la Comisión Médica Regional de Talca aún no estaba ejecutoriado: la compañía de seguros interesada había presentado un reclamo oportuno contra el dictamen que aprobó la invalidez total. Por ello, representó el acto administrativo. Además, precisó que el beneficio del artículo 152 de la Ley N° 18.834 no constituye una licencia médica, como erradamente lo señalaba la resolución, y dispuso que las licencias médicas presentadas por el afectado sean tramitadas, pues el funcionario conserva dicha calidad. Finalmente, ordenó aclarar en tales términos los dictámenes anteriores de la Contraloría.