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Un particular interpuso recurso de protección contra la D.P.P.M.M. por la Resolución Ex…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

Un particular interpuso recurso de protección contra la D.P.P.M.M. por la Resolución Exenta N° 106, que ordenó el desalojo de una comunidad de 15 familias, en su mayoría migrantes en proceso de regularización, que ocupaba un terreno desde 2022. El recurrente alegaba vulneración de la igualdad ante la ley, falta de individualización del inmueble y de certificados de dominio y planos, la inacción de las autoridades durante tres años y la ausencia de antecedentes que acreditaran afectación de infraestructura crítica. La Corte rechazó el recurso, sin costas. Consideró que la resolución no era ilegal ni arbitraria, que la restitución administrativa de bienes nacionales de uso público procede ante ocupación indebida con independencia del tiempo transcurrido o de la vulnerabilidad de los ocupantes, y que la ocupación interfería con un proyecto habitacional destinado a familias vulnerables, existiendo además vías legales para acceder a la vivienda.

Normas citadas

  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República (recurso de protección)
  • Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre recurso de protección
recurso de proteccióndesalojocomunidad migrantebienes nacionales de uso públicorestitución administrativagarantía de igualdadvulnerabilidadocupación de terreno fiscal

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de protección contra una resolución que ordena el desalojo administrativo de una ocupación irregular de un terreno fiscal?

En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso y sostuvo que la resolución no era ilegal ni arbitraria. Declaró que la restitución administrativa de bienes nacionales de uso público procede ante una ocupación indebida, aunque haya transcurrido tiempo o los ocupantes sean vulnerables.

¿El tiempo que lleva una ocupación de terreno impide que la autoridad ordene su restitución?

En este caso, la Corte concluyó que el transcurso del tiempo no impide la restitución administrativa de un bien nacional de uso público ocupado indebidamente. Además, la ocupación interfería con un proyecto habitacional destinado a familias vulnerables.

¿La vulnerabilidad de los ocupantes de un terreno impide su desalojo administrativo?

En este caso, la Corte Suprema señaló que la vulnerabilidad de los ocupantes no impide la restitución del bien ocupado indebidamente. Indicó además que existían vías legales para acceder a la vivienda.

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