Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho constitucional
ConstitucionalRechaza

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la I. Municipalidad de Olivar respecto del artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública. El conflicto se originó en una solicitud de información sobre la designación de un funcionario como Encargado OIRS y sobre informes de control y auditoría, la que el municipio denegó invocando la causal de afectación de la prevención, investigación y persecución de un delito, y que el Consejo para la Transparencia rechazó al acoger los amparos del reclamante. La cuestión de fondo era si la norma que impide a órganos de la Administración del Estado reclamar contra las decisiones del Consejo vulnera garantías del debido proceso y del derecho al recurso. El Tribunal se dividió en empate de votos y, al no alcanzarse la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Constitución, rechazó el requerimiento, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no condenó en costas a la requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Artículo 28, inciso segundo, Ley N° 20.285
  • Artículo 21 N° 1, letra a), Ley N° 20.285
  • Artículo 93, inciso primero, numeral 6°, Constitución Política de la República
  • Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
acceso a la información públicatransparenciaConsejo para la Transparenciainaplicabilidad por inconstitucionalidadórganos de la Administración del Estadoderecho a reclamarcausal de denegacióndefensa jurídica

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad reclamar ante la Corte de Apelaciones contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, el Tribunal Constitucional analizó si el artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 vulnera el debido proceso y el derecho al recurso al impedir a órganos de la Administración del Estado reclamar contra las decisiones del Consejo. El requerimiento fue rechazado porque no se alcanzó la mayoría exigida por la Constitución.

¿Se condena en costas a un órgano público que pierde un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la municipalidad requirente, por haber tenido motivo plausible para litigar. Además, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento tras rechazar el requerimiento.

Más jurisprudencia de derecho constitucional de 2023 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad pres…

    Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

  • La Municipalidad de Antofagasta presentó un requerimiento de inaplicabilidad por incons…

    Informe · Corte de Apelaciones · 2024

  • El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

    Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

  • El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por l…

    Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

  • El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…

    Sentencia · Tribunal Constitucional · 2016

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.