El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la I. Municipalidad de Olivar respecto del artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública. El conflicto se originó en una solicitud de información sobre la designación de un funcionario como Encargado OIRS y sobre informes de control y auditoría, la que el municipio denegó invocando la causal de afectación de la prevención, investigación y persecución de un delito, y que el Consejo para la Transparencia rechazó al acoger los amparos del reclamante. La cuestión de fondo era si la norma que impide a órganos de la Administración del Estado reclamar contra las decisiones del Consejo vulnera garantías del debido proceso y del derecho al recurso. El Tribunal se dividió en empate de votos y, al no alcanzarse la mayoría exigida por el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Constitución, rechazó el requerimiento, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no condenó en costas a la requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Artículo 28, inciso segundo, Ley N° 20.285
Artículo 21 N° 1, letra a), Ley N° 20.285
Artículo 93, inciso primero, numeral 6°, Constitución Política de la República
Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
acceso a la información públicatransparenciaConsejo para la Transparenciainaplicabilidad por inconstitucionalidadórganos de la Administración del Estadoderecho a reclamarcausal de denegacióndefensa jurídica
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad reclamar ante la Corte de Apelaciones contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Tribunal Constitucional analizó si el artículo 28, inciso segundo, de la Ley N° 20.285 vulnera el debido proceso y el derecho al recurso al impedir a órganos de la Administración del Estado reclamar contra las decisiones del Consejo. El requerimiento fue rechazado porque no se alcanzó la mayoría exigida por la Constitución.
¿Se condena en costas a un órgano público que pierde un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la municipalidad requirente, por haber tenido motivo plausible para litigar. Además, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento tras rechazar el requerimiento.
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