Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución N° 522, de 2012, del Servicio Nacional de Menores, que aplicaba una multa del veinte por ciento de la remuneración mensual a un exfuncionario, al término de un sumario administrativo. El órgano constató que la notificación de la resolución que determinaba la sanción se practicó en un domicilio distinto al fijado por el apoderado del inculpado, lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 131 de la ley N° 18.834 e impidió interponer los recursos del artículo 141 de la misma ley. Como el nuevo domicilio constaba en el expediente y no había gestiones posteriores que permitieran tener por notificado tácitamente al afectado conforme al artículo 47 de la ley N° 19.880, se estimó afectado su derecho a defensa. En consecuencia, se representó el acto para que la repartición adopte medidas que subsanen la observación.