La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por una solicitante de na…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por una solicitante de nacionalización contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión de pronunciarse sobre su petición dentro de plazo. El tribunal constató que la autoridad había dilatado la decisión más allá del plazo legal, desconociendo los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880. Calificó esa dilación como ilegal y arbitraria por vulnerar la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, al tratar a la recurrente de forma discriminatoria frente a otros solicitantes en situación equivalente. En consecuencia, revocó la sentencia apelada y acogió el recurso, ordenando al Servicio emitir un pronunciamiento sobre la solicitud dentro de sesenta días corridos desde la notificación. Hubo un voto en contra que estuvo por confirmar el fallo apelado.
¿Puede la administración quedar obligada a resolver una solicitud que lleva demasiado tiempo sin respuesta en Chile?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y sostuvo que la dilación del Servicio Nacional de Migraciones más allá del plazo legal, en desmedro de los principios de la Ley N° 19.880, era ilegal y arbitraria. Ordenó al Servicio emitir un pronunciamiento dentro de sesenta días corridos desde la notificación.
¿La demora excesiva de un órgano público en resolver una petición puede vulnerar la igualdad ante la ley?
Según este fallo, sí: la Corte Suprema consideró que la dilación trató a la recurrente de forma discriminatoria frente a otros solicitantes en situación equivalente, vulnerando el artículo 19 N° 2 de la Constitución. Por ello calificó la conducta como ilegal y arbitraria.
¿Qué principios de la Ley N° 19.880 se aplican cuando la administración no responde una solicitud a tiempo?
En este caso, la Corte Suprema señaló que la autoridad desconoció los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880 al dilatar la decisión más allá del plazo legal. Esos principios sirvieron de base para acoger el recurso de protección.
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