La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó, sin costas, la reclamación judicial dedu…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó, sin costas, la reclamación judicial deducida por una fundación educacional contra la Resolución Exenta PA N° 002178 de la Superintendencia de Educación, que le impuso una multa de 10 UTM por omisiones en información financiera y formación ciudadana de un colegio. La recurrente alegaba que la acción sancionatoria estaba prescrita, pues los hechos de 2022 fueron sancionados después de seis meses. El tribunal desestimó esa alegación, al considerar que el plazo de seis meses se cuenta desde el conocimiento formal de la infracción por la Superintendencia y no desde la comisión del hecho. Asimismo, rechazó los reproches de falta de proporcionalidad, por estimar que la multa se encuentra dentro del rango legal de 1 a 50 UTM para infracciones leves (art. 73, letra b, Ley N° 20.529) y que las circunstancias atenuantes fueron ponderadas en sede administrativa.
Normas citadas
Ley N° 20.529, artículo 73
Ley N° 20.529, artículo 78
Ley N° 20.529, artículo 84
Ley N° 20.529, artículo 85
prescripciónderecho administrativoeducaciónsancionessuperintendencia de educacióninfracciones levesinformación financieraformación ciudadana
Preguntas frecuentes
¿Es proporcional una multa de 10 UTM impuesta por la Superintendencia de Educación por omisiones en información financiera y formación ciudadana en un colegio?
En este caso, el tribunal estimó que la multa de 10 UTM es proporcional porque se ubica dentro del rango legal de 1 a 50 UTM para infracciones leves (art. 73, letra b, Ley N° 20.529). Además, consideró que las circunstancias atenuantes fueron ponderadas en sede administrativa.
¿Procede reclamar judicialmente contra una multa de la Superintendencia de Educación por infracciones leves a la Ley N° 20.529?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción conoció la reclamación judicial interpuesta por una fundación educacional contra la Resolución Exenta de la Superintendencia de Educación que le impuso la multa. La rechazó sin costas, confirmando la sanción administrativa.
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