Resumen
La Contraloría General de la República observó el decreto N° 12, de 2011, de la Municipalidad de Peñalolén, que aplicaba medidas disciplinarias a funcionarios municipales, y dispuso la restitución del decreto N° 7, del mismo año, junto con sus antecedentes sumariales. El organismo concluyó que, respecto de cargos vinculados al uso de vehículos estatales y municipales, la competencia para determinar responsabilidad administrativa corresponde a la Contraloría conforme al decreto ley N° 799, de 1974, salvo delegación expresa, la que no existió; por ello no era procedente que el municipio instruyera un sumario ni aplicara sanciones por esos hechos. Asimismo, indicó que sólo el acto terminal de absolución, sobreseimiento o sanción de un procedimiento disciplinario está sujeto a registro, y no el decreto N° 7, que es un acto interno del sumario. El municipio deberá adoptar las medidas necesarias para subsanar las observaciones, ajustándose a la normativa estatutaria aplicable.