Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una funcionaria del Hospital de Melipilla, quien cuestionaba descuentos en sus remuneraciones para pagar un crédito de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos que, según afirmaba, se habría otorgado mediante la falsificación de su firma, hecho denunciado al Ministerio Público. El organismo declaró que no puede pronunciarse sobre el otorgamiento del préstamo, por tratarse de un asunto de carácter litigioso, conforme al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336. Sin embargo, recordó que estos descuentos tienen carácter voluntario, por lo que basta la petición del interesado para suspenderlos. Como la servidora había solicitado el cese de la deducción, ordenó que el hospital adopte las medidas para ello. Finalmente, rechazó incluir a otra persona como recurrente, por no acreditarse el instrumento de representación exigido por el oficio circular N° 24.143, de 2015.