El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado contra la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Al analizar la admisibilidad del reclamo, el Consejo advirtió que no existía claridad sobre su fundamento, por lo que ejerció la facultad del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia y ordenó a la parte recurrente subsanar o aclarar su solicitud en un plazo de cinco días hábiles, advirtiéndole que de no hacerlo se declararía inadmisible. Como la parte recurrente no presentó ningún escrito destinado a subsanar su reclamación, el Consejo, por la unanimidad de sus miembros presentes, declaró inadmisible el amparo conforme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y al citado artículo 46 del Reglamento, y ordenó notificar la decisión a las partes. Además, se dejó constancia de que contra esta decisión no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N°19.880.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadIndustria (Productividad)
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi amparo por acceso a la información no es claro y no lo subsano?
En este caso, el Consejo para la Transparencia advirtió que no existía claridad sobre el fundamento del amparo y ordenó subsanarlo en cinco días hábiles, con la advertencia de que, de no hacerlo, se declararía inadmisible. Al no presentarse escrito de subsanación, el Consejo declaró inadmisible el amparo.
¿Se puede pedir reposición contra una decisión de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo dejó constancia de que contra la decisión de declarar inadmisible el amparo no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N°19.880.
¿Qué facultad tiene el Consejo para la Transparencia para pedir que se aclare un amparo antes de resolverlo?
En este caso, el Consejo ejerció la facultad del artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia y ordenó a la parte recurrente aclarar su solicitud en un plazo de cinco días hábiles, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible.
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