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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del pago de se…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del pago de servicios permanentes contratados por organismos públicos que no han podido prestarse por el cierre de dependencias durante la crisis sanitaria del COVID-19. El dictamen concluye que dicho pago es procedente en lo inmediato, siempre que el proveedor acredite que mantiene vigentes los contratos de trabajo de su personal y que cumple las obligaciones laborales y previsionales. Se fundamenta en que la imposibilidad de cumplir los contratos deriva de un caso fortuito o fuerza mayor, al tratarse de una decisión de la autoridad que cerró temporalmente las dependencias en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe. Además, la exigencia busca evitar un enriquecimiento sin causa del proveedor. Si la situación se prolonga, el órgano contratante puede modificar el contrato, por ejemplo reduciendo el monto de insumos no utilizados, conforme a la Ley N° 19.886 y su reglamento. Se precisa que ello es sin perjuicio de la facultad de los jefes de servicio para poner término anticipado a los contratos por interés público.

Normas citadas

  • ley 19886 art/1 inc/1
  • ley 19886 art/10 inc/3
  • dto 250/2004 hacie art/79 ter
  • ley 19886 art/13 lt/d
  • dto 250/2004 hacie art/77 num/4
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Por qué se considera que el incumplimiento de un contrato por el cierre de dependencias durante el COVID-19 queda justificado?

El dictamen sostiene que la imposibilidad de cumplir deriva de un caso fortuito o fuerza mayor, porque fue una decisión de la autoridad que cerró temporalmente las dependencias en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe.

¿Qué puede hacer el órgano contratante si la suspensión de servicios por la crisis sanitaria se prolonga en el tiempo?

Según el dictamen, el órgano contratante puede modificar el contrato, por ejemplo reduciendo el monto de insumos no utilizados, conforme a la Ley N° 19.886 y su reglamento, sin perjuicio de la facultad de los jefes de servicio para poner término anticipado por interés público.

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