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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del dictamen N°…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación del dictamen N° 6.854, de 2020, al pago de servicios de transporte escolar que no pudieron prestarse debido a la suspensión de clases presenciales por la pandemia de COVID-19, en el caso de un municipio cuyos proveedores no tenían personal contratado. El organismo concluyó que, al configurarse un caso fortuito por las medidas adoptadas por la autoridad, el criterio del dictamen N° 6.854 es aplicable a los contratos suscritos antes de dichas providencias. Respecto a la exigencia de acreditar contratos de trabajo y obligaciones laborales, esta solo es obligatoria si el proveedor cuenta con trabajadores vinculados al contrato. Se complementa el dictamen N° 8.507, de 2020, y se reitera la facultad de la autoridad para modificar o terminar anticipadamente los contratos por razones de interés público.

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Preguntas frecuentes

¿Procede pagar servicios de transporte escolar que no se prestaron por la suspensión de clases presenciales por la pandemia de COVID-19?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que, al configurarse un caso fortuito por las medidas de la autoridad, el criterio del dictamen N° 6.854, de 2020, es aplicable a los contratos suscritos antes de dichas medidas.

¿Un municipio debe exigir a los proveedores de transporte escolar acreditar contratos de trabajo y obligaciones laborales?

En este caso, la Contraloría señaló que esa exigencia solo es obligatoria si el proveedor cuenta con trabajadores vinculados al contrato de transporte.

¿Puede la autoridad modificar o terminar anticipadamente un contrato de transporte escolar por razones de interés público?

En este caso, la Contraloría reiteró la facultad de la autoridad para modificar o terminar anticipadamente los contratos por razones de interés público, complementando el dictamen N° 8.507, de 2020.

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