El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 19, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a ciertos delitos, y contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas. La mayoría sostuvo que el legislador puede fijar delitos y penas dentro de los límites constitucionales, que las penas sustitutivas no son un derecho subjetivo del condenado y que la norma no afecta la individualización judicial de la pena, por lo que el requerimiento fue acogido solo en parte. Hubo un voto disidente que estimó vulnerado el debido proceso y se declaró la inaplicabilidad de las normas para el caso concreto, y una prevención que concurrió al rechazo respecto del artículo 166 del Código Sanitario por considerar que el punto de prueba no permitía que la norma produjera el efecto impugnado.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el legislador excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos sin vulnerar la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el legislador puede fijar delitos y penas dentro de los límites constitucionales, y que las penas sustitutivas no son un derecho subjetivo del condenado. Por ello, la exclusión no afectó la individualización judicial de la pena.
¿Las penas sustitutivas son un derecho del condenado que no se puede limitar por ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las penas sustitutivas no constituyen un derecho subjetivo del condenado, por lo que el legislador puede restringir su aplicación a ciertos delitos. Hubo un voto disidente que estimó vulnerado el debido proceso.
¿Procede declarar la inaplicabilidad de normas que excluyen las penas sustitutivas cuando el requerimiento se funda en el debido proceso?
En este caso, la mayoría acogió el requerimiento solo en parte. Un voto disidente sí estimó vulnerado el debido proceso y declaró la inaplicabilidad de las normas para el caso concreto, mientras una prevención concurrió al rechazo respecto del artículo 166 del Código Sanitario.
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