Se presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribun…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
Se presenta un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del artículo 49 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil. La parte requirente sostiene que la aplicación de esa norma en la gestión pendiente sería contraria a los artículos 19 números 2 y 3, 76 y 5 inciso 2 de la Constitución, así como a tratados internacionales que garantizan el debido proceso, la igualdad ante la ley y el acceso a un recurso efectivo. La gestión corresponde a un recurso de hecho tramitado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, derivado de una causa del Juzgado de Letras de Cañete. Se pide tener el requerimiento por interpuesto, declararlo admisible, suspender el procedimiento en la causa de origen y, en definitiva, declarar inaplicable el precepto impugnado.
Normas citadas
Artículo 93 número 6 de la Constitución Política de la República
Artículo 93 inciso 11 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 76 de la Constitución Política de la República
Artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 49 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil
Artículo 47 G de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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Preguntas frecuentes
¿Qué efecto tiene un requerimiento de inaplicabilidad sobre una gestión pendiente ante un tribunal ordinario?
El requerimiento pide suspender el procedimiento en la causa de origen mientras se resuelve la admisibilidad y el fondo. La gestión impugnada en este caso era un recurso de hecho tramitado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, derivado de una causa del Juzgado de Letras de Cañete.
¿Qué derechos invoca la parte que impugna la aplicación de una norma procesal chilena ante el Tribunal Constitucional?
La parte requirente invocó el derecho a un procedimiento racional y justo, la igualdad ante la ley y el acceso a un recurso efectivo, además de tratados internacionales sobre debido proceso. El resumen no indica si estos argumentos fueron acogidos.
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