El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de San Esteban, que solicitaba la entrega de liquidaciones de sueldo de funcionarios municipales. El Consejo consideró que dicha información tiene naturaleza pública y desestimó que su entrega afectara los derechos de la funcionaria consultada. Conforme al principio de divisibilidad, ordenó entregar las liquidaciones previa eliminación (tarjado) de los datos sobre la AFP y el sistema de salud de la funcionaria, los descuentos de carácter personal y cualquier información personal o sensible. La decisión se fundó en criterios de decisiones anteriores del propio Consejo. Se advirtió que el incumplimiento acarrea multas de entre 20% y 50% de la remuneración y, de persistir la autoridad, el duplo de la sanción y suspensión en el cargo. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Las liquidaciones de sueldo de funcionarios municipales son información pública en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que las liquidaciones de sueldo de funcionarios municipales tienen naturaleza pública y ordenó su entrega a quien las solicitó.
¿Se pueden entregar liquidaciones de sueldo sin mostrar los datos personales del funcionario?
Sí. Aplicando el principio de divisibilidad, el Consejo ordenó entregar las liquidaciones previa eliminación (tarjado) de los datos sobre AFP, sistema de salud, descuentos personales y cualquier información personal o sensible.
¿Qué pasa si un servicio público no cumple una resolución del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo advirtió que el incumplimiento acarrea multas de entre 20% y 50% de la remuneración y, si persiste, el duplo de la sanción y suspensión en el cargo. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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