Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración y confirmó el oficio N° 19901, de 2012, relativo a decretos de supresión de cargos académicos en una universidad. Los recurrentes sostenían que, ante antecedentes que indicaran que la supresión encubría la eliminación de personas y no una reestructuración, el Organismo debía exigir más documentación. El ente contralor constató que la reestructuración y la supresión de los cargos estaban fundadas en una necesidad institucional, estaban estrechamente vinculadas y fueron dispuestas en ejercicio de las facultades de la autoridad universitaria. Concluyó que su examen se limitó a la legalidad del acto, sin ingresar al mérito, y que los antecedentes aportados no justificaban cambiar el criterio del dictamen N° 19.901, de 2012.