El 3er Juzgado de Policía Local de La Florida conoció una denuncia y demanda de protecc…
Sentencia · 3er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA FLORIDA · 2016
Resumen
El 3er Juzgado de Policía Local de La Florida conoció una denuncia y demanda de protección al consumidor relativa a la falla de un teléfono celular adquirido con garantía extendida. El tribunal acogió la denuncia y condenó a la empresa comercial denunciada, Ripley Comercial S.A., al pago de una multa de 5 UTM por la infracción constatada. En lo civil, acogió la demanda de indemnización de perjuicios y ordenó pagar a la consumidora la suma de $438.089 por daño directo, equivalente al valor del equipo, previa restitución del aparato a la empresa, con reajuste según el artículo 27 de la Ley 19.496, intereses corrientes desde que el fallo quede ejecutoriado y costas. Respecto del daño moral reclamado, el tribunal no se pronunció.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Ley 19.496, Art. 20 Inc. 1 Letra c
Ley 19.496, Art. 12
Ley 19.496, Art. 24
Ley 19.496, Art. 26
Ley 19.496, Art. 28
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un teléfono celular comprado con garantía extendida falla y el vendedor no lo repara?
En este caso, el 3er Juzgado de Policía Local de La Florida acogió la denuncia contra la empresa comercial, la condenó a una multa de 5 UTM y ordenó pagar a la consumidora el valor del equipo, previa restitución del aparato.
¿Procede indemnizar el daño moral en un juicio de protección al consumidor por la falla de un producto?
En este caso, el tribunal no se pronunció sobre el daño moral reclamado por la consumidora, por lo que el resumen no permite afirmar una postura sobre ese punto.
¿Desde cuándo se deben pagar intereses en una condena civil por protección al consumidor en Chile?
En este caso, el tribunal ordenó pagar intereses corrientes desde que el fallo quede ejecutoriado, con reajuste según el artículo 27 de la Ley 19.496.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.