El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad contra normas ur…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad contra normas urbanísticas relativas a las Declaraciones de Utilidad Pública (DUP) y al derecho a edificar, en el marco de la Ley N° 20.791. El requerimiento sostenía que la exigencia de aprobación previa del anteproyecto era incompatible con la Constitución. La sentencia, con voto de minoría, rechazó el requerimiento: reconoció que las DUP tienen fundamento constitucional y que la ley protegió derechos consolidados en materia urbanística, sin otorgar a las normas un carácter de derecho de propiedad. Consideró que el derecho a edificar genera propiedad sobre un bien corporal, pero solo cuando existen las aprobaciones municipales respectivas. Sostuvo que el requisito de aprobación del anteproyecto es coherente con la Constitución, porque materializa la potestad pública de la Dirección de Obras Municipales y evita que los particulares determinen actos definitivos por la sola presentación de solicitudes.
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Preguntas frecuentes
¿El derecho a edificar en Chile es propiedad protegida por la Constitución antes de obtener las aprobaciones municipales?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el derecho a edificar genera propiedad sobre un bien corporal solo cuando existen las aprobaciones municipales respectivas. Antes de ellas, no se configura ese derecho de propiedad.
¿Es constitucional exigir la aprobación previa del anteproyecto para consolidar derechos urbanísticos?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que el requisito de aprobación del anteproyecto es coherente con la Constitución. Lo justificó porque materializa la potestad pública de la Dirección de Obras Municipales y evita que los particulares determinen actos definitivos solo con presentar solicitudes.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma urbanística sobre Declaraciones de Utilidad Pública?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra normas sobre Declaraciones de Utilidad Pública y derecho a edificar. Reconoció que las DUP tienen fundamento constitucional y que la ley protegió derechos consolidados sin otorgarles carácter de derecho de propiedad.
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