El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a informac…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2015
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por denegación de acceso a información solicitada a una municipalidad, referida a observaciones y representaciones de su Dirección de Control a actos administrativos. El municipio había rechazado la entrega invocando la causal de reserva por volumen y complejidad de la información. El Consejo acogió el amparo por la unanimidad de sus miembros presentes y ordenó al alcalde hacer entrega de la información solicitada dentro de un plazo que no supere los cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, e informar el cumplimiento de lo resuelto a la Corporación para su verificación. La decisión fue notificada a las partes y se indicó que en su contra procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos de la Administración.
Normas citadas
DFL 1 2006 - Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Puede una municipalidad negar información pública invocando que es mucha o compleja?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y rechazó la causal de reserva por volumen y complejidad invocada por la municipalidad, ordenando entregar la información solicitada.
¿Qué plazo tiene un municipio para entregar la información tras un amparo del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó al alcalde entregar la información dentro de un plazo que no supere los cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que en contra de su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, sin perjuicio de las limitaciones que la ley establece para los órganos de la Administración.
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