El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye el acceso a penas sustitutivas en determinados delitos. El requerimiento fue rechazado. El Tribunal señaló que el control de constitucionalidad de estas excepciones debe hacerse con deferencia razonada al legislador en materia de política criminal, y que la exclusión de penas alternativas para delitos como el tráfico de drogas, la violencia de género o el uso de armas prohibidas o robadas no es desproporcionada ni discriminatoria. Además, precisó que la determinación de la eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esta Magistratura.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política de la República
Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política de la República
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política de la República
Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 93, inciso primero, N° 6 de la Constitución Política de la República
Artículo 8°, literal g) de la Ley N° 17.997
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Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable la norma que excluye las penas sustitutivas para ciertos delitos, como el tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento. Sostuvo que la exclusión de penas alternativas para delitos como el tráfico de drogas no es desproporcionada ni discriminatoria, y que debe darse deferencia al legislador en política criminal.
¿Es constitucional que la ley impida acceder a penas sustitutivas en delitos de violencia de género o con uso de armas prohibidas?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la exclusión de penas sustitutivas para la violencia de género y el uso de armas prohibidas o robadas no vulnera la Constitución ni es discriminatoria. Consideró que se trata de una decisión razonada del legislador en materia penal.
¿Quién determina la pena concreta cuando la ley excluye las penas sustitutivas para un delito?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la determinación de la eventual pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura. Su función se limitó a revisar la constitucionalidad de la norma que excluye las penas sustitutivas.
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