El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que establece formas de cumplimiento de penas privativas de libertad. La requirente sostenía que la norma resultaba desproporcionada y vulneraba la igualdad ante la ley. El Tribunal no alcanzó la mayoría necesaria para acoger el requerimiento, produciéndose empate de votos, por lo que lo rechazó por razones procesales de votación, sin pronunciarse sobre el fondo de la constitucionalidad de la norma. En su fundamento, la sentencia señala que no es discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador establezca presidio efectivo para delitos como los de violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas. Además, precisa que la eventual pena aplicable al requirente es materia propia del tribunal penal competente y no de esta Magistratura.
Normas citadas
Artículo 1°, inciso segundo, Ley N° 18.216
Artículo 1° Constitución Política de la República
Artículo 19, numeral 2°, Constitución Política de la República
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, Constitución Política de la República
Artículo 1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 24 Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
Artículo 8, letra g), Ley N° 17.997
inaplicabilidad por inconstitucionalidadigualdad ante la leyproporcionalidad de las penasprocedimiento racional y justoLey N° 18.216penas sustitutivastráfico ilícito de drogasporte ilegal de armas
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley establezca presidio efectivo para delitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas?
En este caso, la sentencia señala que no es discriminatorio ni carente de razonabilidad que el legislador imponga presidio efectivo para esos delitos.
¿Corresponde al Tribunal Constitucional determinar la pena concreta que se aplicará a una persona en un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, el Tribunal precisó que la eventual pena aplicable al requirente es materia propia del tribunal penal competente y no de esta Magistratura.
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