El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo por infracció…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió declarar inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La presentación cuestionaba la información contenida en el Registro Social de Hogares, pero no reclamaba la falta de publicación de antecedentes exigidos por la Ley de Transparencia. Por ello, el Consejo concluyó que no existía infracción al artículo 7º de la Ley de Transparencia ni al artículo 51 de su Reglamento. La decisión fue adoptada por unanimidad de los consejeros presentes y puede ser objeto de un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de quince días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede un reclamo por infracción a la transparencia activa si se cuestiona el contenido de un registro público y no la falta de publicación de información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque cuestionaba la información del Registro Social de Hogares, pero no reclamaba la falta de publicación de antecedentes exigidos por la Ley de Transparencia. Por ello, concluyó que no existía infracción al artículo 7º de la ley ni al artículo 51 de su Reglamento.
¿Cuál es el plazo para presentar un reclamo de ilegalidad contra una resolución del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo señaló que su decisión puede ser objeto de un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación.
¿Qué normas regulan la transparencia activa de los órganos de la administración del Estado en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia analizó el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento, concluyendo que no había infracción a esas disposiciones en el reclamo contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
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