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La Corte de Apelaciones de Rancagua conoció un recurso de protección presentado por un…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2022

Resumen

La Corte de Apelaciones de Rancagua conoció un recurso de protección presentado por un funcionario municipal destituido tras un sumario administrativo, dirigido contra la Municipalidad de Peumo. El recurrente cuestionaba la extensión del procedimiento, que excedió los plazos de la Ley 18.883. El tribunal reconoció que la demora fue considerable, pero la atribuyó a la complejidad de la materia investigada, y concluyó que no se acreditó un acto arbitrario ni ilegal que vulnerara garantías constitucionales. En consecuencia, rechazó el recurso sin costas. El fallo también señaló que la falta de designación del encargado de pagos previsto en el manual municipal no exime de responsabilidad administrativa en la revisión de las facturas investigadas.

Normas citadas

  • Ley N° 18.883
  • Ley N° 19.880
  • Artículo 27 de la Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 52 de la Ley N° 18.575
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Preguntas frecuentes

¿Se puede acoger un recurso de protección por la demora de un sumario administrativo que excedió los plazos de la Ley 18.883?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua reconoció que la demora fue considerable, pero la atribuyó a la complejidad de la materia investigada. Concluyó que no se acreditó un acto arbitrario ni ilegal que vulnerara garantías constitucionales, y rechazó el recurso sin costas.

¿La falta de designación de un encargado de pagos en un manual municipal exime de responsabilidad administrativa?

En este caso, el tribunal señaló que la falta de designación del encargado de pagos previsto en el manual municipal no exime de responsabilidad administrativa en la revisión de las facturas investigadas.

¿Qué resolvió la Corte de Apelaciones sobre el recurso de un funcionario municipal destituido tras un sumario?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Peumo, por no acreditar un acto arbitrario ni ilegal que vulnerara garantías constitucionales.

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