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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, incorporado por la Ley Emilia (Ley N° 20.770). Esta norma dispone que, en los casos de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias que causen lesiones graves o la muerte, la ejecución de la pena sustitutiva se suspenda por un año, durante el cual el condenado debe cumplir efectivamente la pena privativa de libertad. El Tribunal rechazó la impugnación y estimó que la disposición no es contraria a la Constitución, por cuanto no prohíbe la aplicación de penas sustitutivas sino que suspende su ejecución, y por cuanto, en el contexto del elevado consumo de alcohol entre jóvenes conductores, la previsión legislativa resulta prudente.

Normas citadas

  • artículo 20, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 9
  • Constitución Política, artículo 102
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito por ser contrario a la Constitución?

En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación contra el artículo 196 ter, incorporado por la Ley Emilia, por estimar que no vulnera la Constitución. Por lo tanto, la norma se mantuvo vigente y aplicable.

¿La Ley Emilia impide que quienes causen lesiones graves o la muerte conduciendo ebrios accedan a penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma no impide aplicar penas sustitutivas, sino que suspende su ejecución por un año, durante el cual el condenado debe cumplir efectivamente la pena privativa de libertad. Así, la disposición fue considerada compatible con la Constitución.

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