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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el Conjunto Residencial Las Terrazas de Cerrillos, que cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 429 del Código del Trabajo y 4° BIS de la Ley N° 17.322. La requirente sostenía que dichas normas impedían alegar el abandono del procedimiento en juicios de cobranza de cotizaciones previsionales, en un proceso paralizado durante más de doce años. El Tribunal concluyó que no subsistía gestión pendiente en la que su pronunciamiento pudiera producir efectos útiles, ya que las normas impugnadas ya habían producido sus consecuencias mediante una decisión firme. Por ello no condenó en costas a la requirente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Artículo 429, inciso primero, parte final, Código del Trabajo
  • Artículo 4° BIS, inciso segundo, Ley N° 17.322
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Preguntas frecuentes

¿Procede alegar el abandono del procedimiento en juicios de cobranza de cotizaciones previsionales que llevan años paralizados?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba el artículo 429 del Código del Trabajo y el artículo 4° BIS de la Ley N° 17.322. Lo hizo porque no subsistía una gestión pendiente en la que su pronunciamiento pudiera producir efectos, ya que las normas ya habían producido sus consecuencias mediante una decisión firme.

¿Cuándo el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la inaplicabilidad de un precepto legal?

En este caso, el Tribunal concluyó que no era posible pronunciarse útilmente porque la gestión judicial había terminado con una resolución firme. Sin una gestión pendiente en la que el fallo pudiera tener efectos, el requerimiento fue rechazado.

¿Debe pagar costas quien interpone un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la requirente, porque estimó que tuvo motivo plausible para litigar. Es decir, aunque el requerimiento fue rechazado, no se le impuso el pago de costas.

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