El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa del rubro inmobiliario contra los artículos 429 del Código del Trabajo y 4° BIS de la Ley N° 17.322, que impiden alegar abandono del procedimiento en juicios de cobranza de cotizaciones previsionales. La acción se originó en un proceso seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago por una deuda previsional. El Tribunal estimó que las normas impugnadas no vulneran derechos fundamentales, pues buscan garantizar la continuidad de dichos procesos, de interés público. Además, consideró que no subsistía gestión pendiente, ya que las normas ya habían producido sus efectos mediante decisión firme, por lo que el requerimiento carecía de utilidad. Se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas a la requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Artículo 429, inciso primero, parte final, Código del Trabajo
Artículo 4° BIS, inciso segundo, Ley N° 17.322
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Preguntas frecuentes
¿Se puede alegar abandono del procedimiento en un juicio de cobranza de cotizaciones previsionales?
No, en este caso el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que los artículos 429 del Código del Trabajo y 4° BIS de la Ley N° 17.322, que impiden alegar abandono en estos juicios, no vulneran derechos fundamentales. Según el fallo, buscan garantizar la continuidad de procesos de interés público.
¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre una inaplicabilidad si la norma ya produjo sus efectos en el juicio?
En este caso, el Tribunal estimó que no subsistía gestión pendiente porque las normas ya habían producido sus efectos mediante una decisión firme, por lo que el requerimiento carecía de utilidad y fue rechazado.
¿Debe pagar costas quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?
En este caso, el Tribunal no condenó en costas a la empresa requirente porque estimó que tuvo motivo plausible para litigar. También se alzó la suspensión del procedimiento.
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