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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la invalidación de resolucion…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la invalidación de resoluciones de posesión efectiva dictadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación que no contaban con la firma del Director Regional Metropolitano, pero que sí fueron publicadas e inscritas en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. El organismo recordó que el artículo 53 de la ley N° 19.880 permite invalidar actos contrarios a derecho dentro de dos años, pero que la jurisprudencia administrativa ha reconocido que ese deber de legalidad está limitado por la necesidad de mantener situaciones jurídicas creadas al amparo del acto cuando alcanzan a terceros de buena fe. Concluyó que las resoluciones irregulares configuraron situaciones consolidadas para particulares que actuaron convencidos de que se ajustaban a derecho, por lo que no pueden ser invalidadas. La autoridad deberá adoptar medidas para evitar que estas situaciones se repitan y ajustar sus actuaciones al ordenamiento vigente.

Normas citadas

  • ley 19903 art/1
  • ley 19903 art/2
  • ley 19903 art/5
  • ley 19903 art/7 ley 19903 art/8
  • ley 19903 art/3
  • Dto 237/2004 Justi ley 19880 art/53
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Administración invalidar un acto administrativo irregular si ya generó derechos a terceros de buena fe?

En este caso, la Contraloría concluyó que, aunque el artículo 53 de la ley N° 19.880 permite invalidar actos contrarios a derecho dentro de dos años, ese deber está limitado por la necesidad de mantener situaciones jurídicas creadas al amparo del acto cuando alcanzan a terceros de buena fe.

¿Qué ocurre con las resoluciones de posesión efectiva que no fueron firmadas por la autoridad regional pero sí inscritas?

En este caso, la Contraloría sostuvo que esas resoluciones irregulares configuraron situaciones consolidadas para particulares que actuaron convencidos de que se ajustaban a derecho, por lo que no pueden ser invalidadas.

¿Qué debe hacer el servicio público cuando detecta que dictó actos administrativos irregulares que no pueden invalidarse?

En este caso, la Contraloría dispuso que la autoridad deberá adoptar medidas para evitar que estas situaciones se repitan y ajustar sus actuaciones al ordenamiento vigente.

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