El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por una recurrente en contra de los artículos 26 y 28 bis de la Ley N° 20.430, sobre protección de refugiados, en el contexto de un recurso de protección tramitado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La recurrente sostuvo que la aplicación de estas normas vulneraba garantías del debido proceso. El tribunal rechazó el requerimiento por estimar que las alegaciones eran improcedentes y no cumplían los requisitos formales exigidos por la ley. Fundamentó que la aplicación de las normas cuestionadas se ajusta a los procedimientos administrativos vigentes. En su parte resolutiva, la sentencia señala que las garantías del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución no pueden extenderse razonablemente a los procedimientos administrativos, pues la Ley N° 19.880 ya contempla principios y garantías en favor del administrado. La sentencia fue redactada por la Ministra A.P.R., y la Ministra C.L.T. emitió una prevención.
Normas citadas
Ley N° 20.430 - Artículo 26
Ley N° 20.430 - Artículo 28 bis
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Preguntas frecuentes
¿Las garantías del debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución se aplican a los procedimientos administrativos en materia de refugio en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que las garantías del numeral 3 del artículo 19 de la Constitución no pueden extenderse razonablemente a los procedimientos administrativos, pues la Ley N° 19.880 ya contempla principios y garantías en favor del administrado. Por ello rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Se ajusta a la Constitución la aplicación de la Ley N° 20.430 sobre protección de refugiados en un recurso de protección?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la aplicación de los artículos 26 y 28 bis de la Ley N° 20.430 se ajusta a los procedimientos administrativos vigentes, por lo que no vulnera el debido proceso alegado por la recurrente. La sentencia fue acordada con una prevención de una ministra.
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