El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra los artículos 26 y 28 bis de la Ley N° 20.430, sobre protección de refugiados. El requerimiento se originó en un recurso de protección tramitado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El Tribunal estimó que las normas impugnadas no vulneran la Constitución, ya que se enmarcan en la potestad del legislador para regular los procedimientos administrativos de solicitud de refugio. Además, consideró que los requisitos establecidos, como la presentación de antecedentes y el registro biométrico, no afectan derechos fundamentales, y que la garantía del debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución no se extiende a los procedimientos administrativos, los cuales cuentan con sus propias garantías en la Ley N° 19.880.
Normas citadas
Ley N° 20.430 - Artículo 26
Ley N° 20.430 - Artículo 28 bis
Constitución Política de la República de Chile
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Preguntas frecuentes
¿El registro biométrico exigido a quienes solicitan refugio en Chile vulnera derechos fundamentales?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que el requisito de presentar antecedentes y el registro biométrico previstos en la Ley N° 20.430 no afectan derechos fundamentales, por lo que no vulneran la Constitución.
¿La garantía del debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución se aplica a los procedimientos administrativos de solicitud de refugio?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que dicha garantía no se extiende a los procedimientos administrativos, los que cuentan con sus propias garantías en la Ley N° 19.880.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicables los artículos 26 y 28 bis de la Ley N° 20.430 sobre refugio?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, al estimar que las normas impugnadas se enmarcan en la potestad del legislador para regular los procedimientos administrativos de solicitud de refugio.
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