El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa contra la Municipalidad de Quintero. La parte reclamante cuestionaba la demora en recibir respuesta a una denuncia. El Consejo concluyó que no existía infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, pues el reclamo no se fundaba en la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, sino en la demora de respuesta a una denuncia. Por ello, el reclamo fue declarado inadmisible por carecer de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por la demora de un municipio en responder una denuncia?
En este caso, el Consejo sostuvo que no hubo infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, porque el reclamo no se refería a la falta de completitud o de acceso a la información de transparencia activa, sino a la demora en responder una denuncia. Por ello, el reclamo fue declarado inadmisible.
¿Cuál es el plazo y la vía para impugnar una decisión de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no el recurso de reposición.
¿Qué debe alegarse para que proceda un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa?
En este caso, el Consejo expuso que el reclamo debe fundarse en la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos, y que un reclamo sobre demora en responder una denuncia no cumple ese requisito.
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