El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Municipalidad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Municipalidad de Curacaví, que había denegado el acceso a correos electrónicos de una casilla institucional. El Consejo acogió el amparo y ordenó la entrega de los correos, al considerar que se trata de información pública generada en el ejercicio de funciones públicas. Un consejero disidente estimó, en cambio, configurada la causal de reserva por afectación de derechos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con la intimidad y la vida privada protegidas por la Constitución, y habría rechazado la entrega. La resolución contempla la procedencia del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Ley N° 18.918
Decreto Supremo N° 634
Decreto Supremo N° 157
D.S. N° 93
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Los correos electrónicos de una casilla institucional de un municipio son información pública que debe entregarse vía transparencia activa o pasiva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo contra la Municipalidad de Curacaví y ordenó la entrega de correos de una casilla institucional, al considerar que son información pública generada en el ejercicio de funciones públicas. Un consejero disidente habría rechazado la entrega por la causal de afectación de derechos.
¿Puede un organismo público negarse a entregar correos institucionales invocando la vida privada de quienes los emitieron?
En este caso, el disidente estimó configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectación de la intimidad y la vida privada. La mayoría del Consejo no aceptó esa postura y ordenó la entrega de los correos.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información pública?
La resolución contempla la procedencia del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Así lo indica el documento para impugnar decisiones de este tipo.
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