El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa interpuesto contra el Servicio de Registro Civil e Identificación. La reclamante se quejaba de la demora en la respuesta a una solicitud de cédula de identidad con cambio en el orden de apellidos, pero no alegó falta de publicación o completitud de la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición, por ausencia de infracción al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. La decisión fue adoptada por unanimidad, y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días, no así recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Se puede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por demora en responder una solicitud de información de un servicio público?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible un reclamo porque la reclamante se quejó de la demora en responder una solicitud, pero no alegó falta de publicación o completitud de la información de transparencia activa, por lo que no hubo infracción a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.
¿Contra una resolución de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia procede reposición o reclamo de ilegalidad?
En este caso, el Consejo resolvió que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días, y no recurso de reposición.
¿Qué debe alegar una persona para que el Consejo para la Transparencia admita un reclamo por transparencia activa?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe fundarse en una infracción a las normas de transparencia activa, esto es, en que los órganos de la Administración del Estado no publicaron o no completaron la información que deben mantener en sus sitios electrónicos.
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