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AdministrativoInadmisible

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Arica, fundado en el no pago de facturas a una microempresa. El Consejo concluyó que no se verificaba un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de Transparencia ni en el artículo 51 de su Reglamento, pues la materia no configuraba un deber de publicación. Por ello declaró inadmisible la reclamación por falta de un elemento habilitante. Además, hizo presente que las gestiones dirigidas a obtener el pago no son de su competencia, ya que no se traducen en entrega de información conforme al artículo 10 inciso 2° de la Ley. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿El Consejo para la Transparencia puede obligar a un municipio a pagar facturas atrasadas a una microempresa?

No. En este caso, el Consejo sostuvo que las gestiones para obtener el pago no son de su competencia, porque no se traducen en entrega de información conforme al artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia.

¿Cuándo se configura un incumplimiento de transparencia activa por parte de un municipio?

En este caso, el Consejo concluyó que no hubo incumplimiento del artículo 7° de la Ley de Transparencia ni del artículo 51 de su Reglamento, porque la materia reclamada no configuraba un deber de publicación. Por eso declaró inadmisible el reclamo.

¿Qué plazo y vía hay para impugnar una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?

En este caso, la resolución indica que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro de quince días corridos desde su notificación.

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