La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la vigencia de mandatos ju…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la vigencia de mandatos judiciales otorgados a funcionarios del Estado basta para acreditar una infracción a la prohibición de ejercer acciones civiles contra los intereses del Estado, prevista en el artículo 84 letra c) de la ley N° 18.834 y en el sistema de incompatibilidades del artículo 56 de la ley N° 18.575. El órgano concluyó que no, porque el funcionario de que se trata no aceptó ni cumplió el mandato, de modo que la sola vigencia formal del mandato no fundaba la transgresión. En cuanto a la otra funcionaria, contratada a honorarios, el organismo precisó que su vínculo había terminado, por lo que no resultaba útil indagar si hubo contravención al principio de probidad, al no existir medidas que pudieran adoptarse. El dictamen se transcribió a la Subsecretaría de Justicia, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría Regional de Coquimbo.
Normas citadas
ley 18575 art/13
ley 18575 art/56
ley 18834 art/84 lt/c
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Un funcionario que nunca aceptó ni ejerció un mandato judicial puede ser sancionado por la prohibición del artículo 84 letra c) de la ley 18.834?
En este caso, la Contraloría concluyó que no, porque el funcionario no aceptó ni cumplió el mandato, de modo que no se configuraba la transgresión. El dictamen no se pronuncia sobre hipótesis distintas a la analizada.
¿Qué ocurre con la investigación sobre probidad cuando el funcionario contratado a honorarios ya no mantiene su vínculo con el Estado?
En este caso, la Contraloría precisó que, al haber terminado el vínculo, no resultaba útil indagar si hubo contravención al principio de probidad, porque no existían medidas que pudieran adoptarse. El dictamen se transcribió a la Subsecretaría de Justicia, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría Regional de Coquimbo.
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