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La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 90, de 2012, de l…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 90, de 2012, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba el acta final de liquidación del contrato de construcción de un canal colector de aguas lluvias en la H.R.V., en las comunas de Cerro Navia y Pudahuel, Región Metropolitana. Al cursar la resolución, el organismo hizo presente que, en lo sucesivo, las facturas emitidas por las empresas que ejecuten partidas como valores pro forma deben extenderse a nombre de la Dirección de Obras Hidráulicas, por ser ésta la obligada al pago de las obras, y no a favor de la contratista, cuyo papel en esos rubros es sólo el de intermediaria. Para fundar este criterio citó sus dictámenes N° 35.684, de 2008; 37.897, de 2009, y 78.860, de 2011.

Normas citadas

  • Resolución N° 90, de 2012
  • Oficio N° 50.132, de 2012
  • Oficio N° 4.649
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿A nombre de quién deben emitirse las facturas por partidas ejecutadas como valores pro forma en un contrato de obra pública?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que las facturas por partidas ejecutadas como valores pro forma deben extenderse a nombre de la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la obligada al pago, y no a favor de la contratista, cuyo papel en esos rubros es sólo el de intermediaria.

¿Puede la Contraloría tomar razón de un acta final de liquidación de un contrato de obra pública y, al hacerlo, formular observaciones?

En este caso, la Contraloría tomó razón de la resolución que aprueba el acta final de liquidación del contrato de construcción de un canal colector de aguas lluvias, pero hizo presente un criterio para el futuro sobre la emisión de facturas por valores pro forma.

¿Qué criterio aplica la Contraloría para la facturación de partidas pro forma en obras contratadas por un servicio público?

En este caso, el organismo fundó su criterio en sus dictámenes N° 35.684, de 2008; 37.897, de 2009, y 78.860, de 2011, que establecen que el obligado al pago es el servicio y no la contratista, por lo que las facturas deben emitirse a su nombre.

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