Resumen
Una abogada presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra los numerales 8 y 9 del artículo 8 de la Ley 18.101, que concentran la prueba en juicios de arrendamiento de predios urbanos y excluyen la apelación de ciertas resoluciones. Se alegó afectación del derecho a defensa (artículo 19 N° 3 de la Constitución) y se pidió suspender el procedimiento en la reclamación de ilegalidad que se tramita de forma breve y sumaria ante el 21 Juzgado de Santiago. El escrito sostiene que la gestión ya se encontraba certificada y que el juez podía llamar a las partes a oír sentencia, por lo que la suspensión se pedía para evitar la aplicación del precepto impugnado. Además, la abogada acreditó su personería mediante un mandato judicial otorgado ante notario y solicitó tenerla por acreditada.