Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la jerarquía que debe tener la persona encargada de instruir procedimientos administrativos por acoso sexual, violencia y discriminación de género regulados por la Ley Nº 21.369, en universidades estatales. A solicitud de la Universidad de Santiago de Chile, el organismo constató que dicha ley no regula la jerarquía del instructor, por lo que resultó aplicable supletoriamente el Estatuto Administrativo, en particular su artículo 129. Conforme a ese precepto, el instructor debe tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario involucrado, con el fin de garantizar la objetividad del procedimiento y evitar que el instructor esté subordinado al sumariado. Ello se armoniza con el artículo 6º, letra b), de la Ley Nº 21.369, que exige órganos dotados de independencia. En consecuencia, el dictamen concluyó que debe designarse como instructor a una persona de grado igual o superior al acusado, además de cumplir las demás exigencias legales.