Resumen del criterio jurisprudencial
La ley N° 21.369 prevé la obligación de establecer órganos con competencia especial y personal debidamente capacitado para indagar y sancionar las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior, lo que admite que un fiscal posea un grado o jerarquía inferior que el funcionario acusado, en la medida que no tenga una relación de subordinación o dependencia directa o inmediata con este. Complementa dictamen N° E311061, de 2023.