Resumen
La Contraloría General de la República dejó sin efecto su dictamen N° 22.894, de 2014, y el oficio N° 2.197 de la Contraloría Regional del Libertador Bernardo O'Higgins. El caso se originó en una reclamación de una trabajadora que pretendía una indemnización, la que la Contraloría había declarado prescrita. La trabajadora presentó un recurso de nulidad que la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó, y la sentencia quedó firme y ejecutoriada. El órgano contralor explicó que, conforme al artículo 76 de la Constitución, sólo los tribunales pueden resolver causas y hacer ejecutar lo juzgado. Por ello, aunque su criterio debe prevalecer sólo respecto del caso concreto resuelto por sentencia con eficacia de cosa juzgada, debe acatar la decisión judicial.