El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, que exige el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad antes de poder ejecutarse una pena sustitutiva en delitos de conducción en estado de ebriedad. El requirente sostuvo que dicha exigencia vulneraba la igualdad, la proporcionalidad y el debido proceso. El Tribunal acogió el requerimiento, resolviendo que la norma no puede aplicarse en el caso concreto, y dejó en manos del juez de la instancia la decisión sobre la forma de cumplimiento de la pena, en atención a la culpabilidad del autor y a la eventual incidencia de la norma en la resolución final del asunto.
Normas citadas
artículo 196 TER, inciso primero, de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional exigir el cumplimiento efectivo de un año de prisión antes de aplicar una pena sustitutiva en delitos de conducción en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y resolvió que el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito no puede aplicarse en el caso concreto. Esa exigencia fue reclamada por vulnerar la igualdad, la proporcionalidad y el debido proceso.
¿Quién decide la forma de cumplimiento de la pena en un delito de conducción en estado de ebriedad cuando se inaplica el artículo 196 ter?
En este caso, el Tribunal dejó en manos del juez de la instancia la decisión sobre la forma de cumplimiento de la pena. Para ello deberá considerar la culpabilidad del autor y la eventual incidencia de la norma en la resolución final del asunto.
¿Qué es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un caso de tránsito?
En este caso, el requirente pidió que el Tribunal Constitucional inaplicara el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, sosteniendo que su exigencia de un año de pena privativa de libertad era contraria a la Constitución. El Tribunal acogió ese requerimiento solo para el caso concreto.
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