El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que limita el acceso a las penas sustitutivas a la pena privativa de libertad. La impugnación sostenía que esa limitación vulneraba la igualdad ante la ley. El Tribunal rechazó el requerimiento, por estimar que no existe en el ordenamiento un derecho subjetivo de los condenados a la aplicación de una pena sustitutiva, que la política criminal corresponde al legislador dentro de los límites constitucionales, y que en el caso no hay un trato discriminatorio que vulnere la igualdad ante la ley. Un ministro previno que habría acogido la impugnación, compartiendo parte de los fundamentos.
Normas citadas
artículo 19, inciso sexto, numeral 3
artículo 19, inciso primero, numeral 2
artículo 17 B, de Ley N° 18.216
artículo 2, de Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINAAcceso a la información públicaInformación AmbientalReserva de InformaciónTransparencia Y Publicidadprincipio de publicidadPrincipio de proporcionalidad de la Pena
Preguntas frecuentes
¿Puede una persona condenada exigir que se le aplique una pena sustitutiva por vulnerarse la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque estimó que no existe un derecho subjetivo de los condenados a que se les aplique una pena sustitutiva, y que no hubo un trato discriminatorio que vulnerara la igualdad ante la ley.
¿Es constitucional la limitación de acceso a las penas sustitutivas que establece la Ley N° 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, sosteniendo que la definición de la política criminal corresponde al legislador dentro de los límites constitucionales.
¿Qué papel cumple el legislador en la política criminal sobre penas sustitutivas según el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la política criminal corresponde al legislador dentro de los límites constitucionales, por lo que rechazó el requerimiento. Un ministro previno que habría acogido la impugnación, compartiendo parte de los fundamentos.
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