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Se resolvió un recurso de apelación contra una sentencia del Segundo Juzgado de Policía…

Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA SERENA · 2016

Resumen

Se resolvió un recurso de apelación contra una sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena que había condenado a un instituto profesional por infracción a la Ley 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores. La discusión giró en torno a la falta de solución adecuada y oportuna ante la solicitud de retiro de una carrera, lo que causó angustia, temor, preocupación, impotencia y frustración a la denunciante. La Corte confirmó la sentencia apelada y fijó la indemnización por daño moral en $500.000, modificando el monto originalmente establecido, en uso de las facultades del artículo 35 de la Ley 18.287. Cada parte deberá asumir las costas generadas en esta instancia.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 1
  • Ley 19.496, Art. 3
  • Ley 19.496, Art. 12 A
  • Ley 19.496, Art. 17
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
  • Ley 19.496, Art. 24
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuiciosSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿Un instituto profesional puede ser sancionado por no resolver oportunamente la solicitud de retiro de un estudiante bajo la Ley 19.496?

En este caso, la Corte confirmó la condena del Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena, que sancionó al instituto por la falta de una solución adecuada y oportuna ante la solicitud de retiro de una carrera, y que causó angustia y frustración a la denunciante.

¿Cómo se fija la indemnización por daño moral en un caso de infracción a la Ley 19.496 relacionado con un instituto profesional?

En este caso, la Corte fijó la indemnización por daño moral en $500.000, modificando el monto originalmente establecido por el juzgado, en uso de las facultades del artículo 35 de la Ley 18.287.

¿Quién paga las costas cuando se confirma una sentencia de policía local en materia de consumo en segunda instancia?

En este caso, la Corte dispuso que cada parte debe asumir las costas generadas en esta instancia de apelación, sin que se condene a una de ellas al pago de las costas del recurso.

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