Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre diversas presentaciones que cuestionaban la legalidad del decreto exento N° 1.515, de 2017, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que crea, separa, fusiona y numera cargos de notarios, conservadores, archiveros y receptores judiciales. El organismo desestimó las alegaciones sobre encarecimiento de trámites, al considerar que los nuevos oficios conservatorios quedan liberados del pago de derechos arancelarios, y señaló que la falta de servicios asociados o de conectividad en los nuevos territorios no constituye un impedimento jurídico para dictar estas medidas. Respecto de la fusión del cargo de secretario del Juzgado de Letras, Garantía, Familia y Laboral de Cabo de Hornos con cargos auxiliares, recordó que, por regla general, estas funciones son incompatibles con otras remuneradas con fondos fiscales o municipales, pero que la ley admite por excepción que una misma persona sirva los cargos de secretario, receptor y notario, e incluso de notario conservador, cuando la exigüedad de los emolumentos lo haga necesario a juicio del Presidente de la República.