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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Secretaría Regional Ministe…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, que había denegado el acceso a antecedentes de una funcionaria pública. Se ordenó entregar la hoja de vida, los informes de desempeño y las liquidaciones de sueldo de la funcionaria para el período solicitado, previa reserva de datos personales de contexto y de la información sobre AFP, sistema de salud y descuentos personales. El Consejo fundó su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, y en que los funcionarios públicos están obligados a transparentar sus actuaciones ante la ciudadanía. Desestimó la causal de afectación de derechos alegada por la funcionaria y también la tesis del órgano de que la información ya estaba publicada en su sitio web, pues allí solo constaban remuneraciones y no liquidaciones. Se otorgó un plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada para cumplir.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoSalud

Preguntas frecuentes

¿Procede entregar la hoja de vida y las liquidaciones de sueldo de un funcionario público a un solicitante por Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar la hoja de vida, los informes de desempeño y las liquidaciones de sueldo, reservando los datos personales de contexto y la información sobre AFP, salud y descuentos personales.

¿La publicación de remuneraciones en el sitio web de un organismo público cumple con la obligación de transparencia activa?

En este caso, el Consejo rechazó que la información estuviera publicada, porque el sitio solo mostraba remuneraciones y no las liquidaciones de sueldo solicitadas.

¿Puede un funcionario público oponerse a la entrega de sus antecedentes laborales alegando afectación de sus derechos?

En este caso, el Consejo desestimó la causal de afectación de derechos alegada por la funcionaria, fundando su decisión en que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia.

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