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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 125, numeral 1), inciso tercero, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que atribuye valor probatorio a la denuncia de los funcionarios fiscalizadores. La mayoría acogió el requerimiento y concluyó que esa presunción vulnera el derecho al debido proceso del artículo 19 Nº 3 de la Constitución, pues otorga a la Administración una ventaja indebida, restringe la posibilidad del denunciado de desvirtuar los hechos imputados y rompe la igualdad procesal entre las partes. Según el fallo, la denuncia no constituye un hecho antecedente indubitado y se le asigna veracidad sin una investigación previa que cumpla los estándares del debido proceso. Por ello, la norma cuestionada fue declarada inaplicable en la gestión respectiva.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoReinserción socialpenas sustitutivasDeterminación de la penaIgualdad ante la LeyPrincipio de proporcionalidad de la Pena

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley le dé valor probatorio a la denuncia de los fiscalizadores en un procedimiento sancionatorio pesquero?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable el inciso tercero del artículo 125 Nº 1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. Concluyó que esa presunción vulnera el debido proceso, porque otorga a la Administración una ventaja indebida y restringe la posibilidad del denunciado de desvirtuar los hechos.

¿La denuncia de un funcionario fiscalizador puede considerarse un hecho indubitado para fundar una sanción?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la denuncia no constituye un hecho antecedente indubitado. Por eso no puede asignársele veracidad sin una investigación previa que cumpla los estándares del debido proceso.

¿Puede una presunción legal que favorece a la Administración romper la igualdad procesal entre las partes?

En este caso, el Tribunal concluyó que la presunción rompe la igualdad procesal, porque coloca al denunciado en desventaja frente a la Administración. Esa afectación fue la razón para declarar la norma inaplicable en la gestión respectiva.

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