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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por un particular en cont…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por un particular en contra de la Municipalidad de Santiago, por la negativa a entregar antecedentes fundantes del Ordinario N° DT de la Dirección de Obras Municipales. El Consejo estimó que el órgano no acreditó suficientemente la búsqueda de la información requerida, conforme al estándar fijado por la corporación. En consecuencia, ordenó entregar la información faltante en un plazo de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Si el órgano constata que no posee lo requerido, deberá acreditarlo en la etapa de cumplimiento según la Instrucción General N° 10. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, con la limitación prevista para los órganos de la Administración del Estado en el artículo 21 N° 1 de la ley.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un órgano de la Administración no acredita la búsqueda de información pedida por Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que la Municipalidad no acreditó suficientemente la búsqueda de los antecedentes requeridos, conforme al estándar fijado por la corporación, y acogió el amparo.

¿Cuál es el plazo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información faltante en un plazo de 5 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.

¿Qué ocurre si el órgano público declara que no posee la información solicitada en un amparo ante el Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo dispuso que, si el órgano constata que no posee lo requerido, debe acreditarlo en la etapa de cumplimiento según la Instrucción General N° 10. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, con la limitación del artículo 21 N° 1 para órganos de la Administración del Estado.

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