Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Universidad de Aysén, por la negativa a entregar copia de los contratos o vínculos laborales, a contrata u honorarios, que unieron a una funcionaria de la institución con el órgano entre 2019 y 2025. El Consejo ordenó la entrega previo tarjado de los datos personales de contexto no relacionados con el cumplimiento de la función pública, como cédula de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular. Fundó su decisión en que la información obra en poder del órgano, en que el propio órgano accedió expresamente a su entrega, y en que las alegaciones del tercero interesado fueron desestimadas por no acreditarse fehacientemente. Añadió que se trata de información sobre el desempeño de funciones públicas y el uso de recursos públicos, y que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, conforme a los artículos 8° de la Constitución y 3° de la Ley de Transparencia. La resolución fija un plazo para cumplir, bajo apercibimiento de multa según el artículo 46 de la Ley de Transparencia, y contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.