Resumen
La Corte Constitucional revisó una acción de tutela presentada por una estudiante contra la Universidad de Caldas por la demora en un proceso disciplinario originado en una denuncia de agresión sexual contra un compañero. La universidad alegó congestión laboral como causa de la mora, argumento que el juez de primera instancia había aceptado. La Corte constató que el trámite llevaba más de un año y ocho meses de dilación injustificada, pese a que había avanzado hasta un archivo por falta de competencia con apelación pendiente. Recordó que las instituciones educativas deben actuar con debida diligencia, de forma oficiosa, oportuna e imparcial y con perspectiva de género en casos de violencia contra la mujer. Por ello revocó la decisión de primera instancia y amparó los derechos al debido proceso, la igualdad, la vida libre de violencias, la educación y la dignidad humana. Ordenó resolver el proceso disciplinario en quince días, implementar medidas de descongestión y capacitación en seis meses, y compulsar copias al Ministerio de Educación y a la Procuraduría.