El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentado en contra del Servicio de Salud Reloncaví, relativo a la entrega de un sumario administrativo. El Consejo consideró que el órgano, aunque de manera tardía, proporcionó antecedentes idóneos y suficientes para satisfacer lo pedido en los términos específicamente planteados, por lo que el requerimiento fue satisfecho de forma extemporánea. La decisión se adoptó por unanimidad de los miembros presentes, con fundamento en los artículos 24 y siguientes y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, y se invocó el artículo 8° de la Constitución, que establece la publicidad de los actos de los órganos del Estado. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Resolución exenta N° 5996
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un órgano público entrega tarde la información pedida por transparencia, ¿se puede seguir con el amparo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo, porque el órgano entregó antecedentes idóneos y suficientes para satisfacer lo pedido, aunque de manera tardía. El requerimiento se consideró satisfecho de forma extemporánea.
¿Qué plazo hay para reclamar de ilegalidad una resolución del Consejo para la Transparencia?
Según esta resolución, contra la decisión del Consejo procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde su notificación.
¿Se puede pedir copia de un sumario administrativo de un servicio de salud por la Ley de Transparencia?
En este caso, el amparo se planteó por la entrega de un sumario administrativo de un Servicio de Salud, y el Consejo lo resolvió con base en los artículos 24 y siguientes y 33 letra b) de la Ley de Transparencia. El fallo se apoyó además en el artículo 8° de la Constitución, que establece la publicidad de los actos de los órganos del Estado.
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